La iniciativa avanza en el Congreso con medidas orientadas a reforzar la seguridad y la convivencia escolar. Sin embargo, más allá de su contenido, surgen desafíos relevantes en su aplicación práctica que los sostenedores deben anticipar.
Contexto: seguridad y convivencia en el centro del debate
En un escenario marcado por el aumento de hechos de violencia en comunidades educativas, el proyecto de ley conocido como “Escuelas Protegidas” busca fortalecer las herramientas con las que cuentan los establecimientos para resguardar la integridad física y psíquica de sus miembros.
La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra en su segundo trámite legislativo, en medio de un debate que combina respaldo político con cuestionamientos técnicos y constitucionales.
Principales medidas del proyecto
El proyecto incorpora una serie de modificaciones normativas que impactan directamente la gestión interna de los establecimientos educacionales:
1. Revisión de mochilas y pertenencias
Se habilita a los establecimientos para implementar medidas que permitan prevenir el ingreso de elementos peligrosos, incluyendo la revisión de mochilas o pertenencias.
Esta facultad tiene límites claros, como la prohibición de revisiones corporales o medidas invasivas, pero no define en detalle los procedimientos específicos para su aplicación.
2. Refuerzo de la autoridad docente
Se introducen cambios orientados a fortalecer la capacidad de los docentes y equipos directivos para aplicar medidas disciplinarias, preventivas y correctivas de manera más inmediata.
El objetivo es facilitar la gestión de situaciones de conflicto dentro del aula, bajo un enfoque formativo.
3. Prioridad a la gestión interna de conflictos
El proyecto establece que, antes de recurrir a denuncias ante la Superintendencia de Educación, los establecimientos deberán agotar instancias de resolución interna.
Esto implica un cambio en la forma en que se abordan los conflictos, promoviendo una gestión más autónoma desde cada comunidad educativa.
4. Ajustes obligatorios en reglamentos internos
Se incorpora la obligación de actualizar los reglamentos internos, incluyendo medidas como la prohibición de elementos que impidan la identificación facial.
Además, se amplían las causales vinculadas a afectaciones graves a la convivencia escolar.
5. Restricciones a beneficios en educación superior
El proyecto también contempla la inhabilidad temporal para acceder a la gratuidad en educación superior en casos de condenas por hechos graves de violencia, medida que ha generado amplio debate.
Un punto clave: las zonas grises en la aplicación
Desde una perspectiva técnica, uno de los principales desafíos del proyecto radica en su nivel de definición.
Si bien establece nuevas facultades y obligaciones, varias de sus disposiciones se presentan a nivel general, sin una regulación detallada sobre su implementación.
Esto se refleja, por ejemplo, en aspectos como:
Quién ejecuta las revisiones de pertenencias
Bajo qué criterios se aplican las medidas disciplinarias
Cómo se estructura la gestión interna de conflictos
Qué estándares deben cumplir los protocolos institucionales
En este contexto, se espera que el proceso legislativo permita precisar estos elementos en las siguientes etapas de tramitación.
Impacto para sostenedores y equipos directivos
En caso de aprobarse, el proyecto implicará ajustes concretos en la gestión de los establecimientos, especialmente en:
Actualización de reglamentos internos
Diseño o ajuste de protocolos de convivencia escolar
Capacitación de equipos en la aplicación de nuevas medidas
Evaluación de riesgos legales asociados a su implementación
Esto implica que la correcta interpretación y aplicación de la normativa será clave para evitar conflictos, sanciones o eventuales vulneraciones de derechos.
Anticiparse es parte de la gestión
Más allá del resultado final del proyecto, el escenario actual evidencia una tendencia clara: el fortalecimiento de las exigencias en materia de convivencia escolar y gestión institucional.
Para los sostenedores, esto no solo implica cumplir con la normativa, sino también anticiparse a los cambios y preparar sus establecimientos para una implementación adecuada.
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