El Congreso Nacional despachó recientemente la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar Escolar, una normativa que introduce cambios profundos en la forma en que se gestiona el clima interno de los establecimientos educacionales en Chile.
No se trata de una ley meramente declarativa o simbólica. Su objetivo es fortalecer la prevención de conflictos, el resguardo del bienestar socioemocional y la protección integral de la comunidad, estableciendo exigencias concretas y fiscalizables para los sostenedores.
¿Qué cambia con esta nueva ley?
1. El bienestar socioemocional: de lo opcional a lo estructural La ley reconoce expresamente que el clima escolar es un factor central y una “condición habilitante” para el aprendizaje. En este marco, se mandata la reorientación de la Jornada Escolar Completa (JEC), reforzando el rol de actividades deportivas, culturales y recreativas como parte de una estrategia preventiva. El bienestar ya no es un complemento voluntario, sino un componente que debe integrarse de manera planificada a la gestión del establecimiento.
2. Estándar superior en protocolos de protección: La normativa refuerza los protocolos obligatorios frente al acoso escolar y laboral, alineándose con los estándares de la Ley N° 21.643 (Ley Karin). Ahora se exige que estos cuenten con:
Procedimientos claros, preventivos y conocidos por toda la comunidad.
Mecanismos efectivos de detección y derivación de casos críticos.
Respaldo documental riguroso que permita acreditar su correcta implementación ante la autoridad.
3. Rol clave del Coordinador de Convivencia: Dedicación Exclusiva Uno de los cambios más relevantes es la consolidación del Coordinador de Convivencia Escolar. Para los establecimientos que reciben aportes del Estado, la ley establece la exigencia de dedicación exclusiva para este cargo. Ya no basta con una designación formal; se requiere un perfil con capacidad real de gestión, articulación interna y seguimiento técnico de las medidas adoptadas.
Estado actual de la ley
Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase final de revisión por el Tribunal Constitucional. No obstante, al haber sido aprobado por el Poder Legislativo, sus criterios centrales ya están definidos. Esto permite a las instituciones anticipar sus efectos y comenzar la revisión de reglamentos internos, protocolos y estructuras de gestión antes de su plena entrada en vigencia.
¿Por qué es relevante para los sostenedores?
La implementación de esta ley impactará directamente en la matriz de cumplimiento (compliance) de cada institución:
Reglamentos Internos: Deberán ajustarse a los nuevos estándares de convivencia y buen trato.
Organización Interna: Requerirá una revisión de la carga horaria y funciones de los equipos de convivencia.
Gestión de Riesgos: Un protocolo mal ejecutado o una designación informal podría derivar en sanciones ante la Superintendencia de Educación.
En este contexto, una revisión preventiva resulta clave para asegurar una gestión ajustada a derecho. En Sostiene acompañamos a los sostenedores en el análisis y adecuación de sus protocolos, roles y estructuras institucionales, con un enfoque jurídico-preventivo especializado.
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