El Ministerio de Educación anunció la hoja de ruta “Mineduc al Servicio de los Aprendizajes”, una agenda que contempla 19 medidas orientadas a disminuir la carga administrativa que enfrentan los establecimientos educacionales y fortalecer la autonomía y capacidad de gestión de sus equipos directivos.
La iniciativa aborda materias especialmente relevantes para los sostenedores, entre ellas la simplificación de rendiciones, una eventual mayor flexibilidad en el uso de recursos SEP, la revisión de decretos, cambios en las fiscalizaciones y la simplificación de los reglamentos internos.
Sin embargo, existe una precisión fundamental: el anuncio de esta hoja de ruta no modifica por sí mismo las obligaciones actualmente vigentes para los establecimientos y sus sostenedores.
¿Por qué el Mineduc busca reducir la carga administrativa?
La propuesta surge a partir de un proceso de consulta realizado por el Ministerio de Educación a más de 5.700 directores de establecimientos del país.
Según los resultados dados a conocer, cuatro de cada cinco directores consideran que la carga administrativa interfiere frecuente o muy frecuentemente con las acciones pedagógicas. Además, un tercio de su tiempo estaría destinado a tareas administrativas.
A ello se suma que más del 88% considera que la burocracia dificulta reaccionar con agilidad frente a necesidades urgentes del establecimiento, mientras que un 85% estima que recibe más requerimientos administrativos de los que resultan razonables.
Frente a este diagnóstico, el Mineduc estructuró su hoja de ruta en tres grandes ejes de trabajo.
1. Menos burocracia, más aprendizajes
El primer eje busca simplificar la relación entre los establecimientos educacionales y el Estado, reduciendo duplicidades y procesos administrativos.
Entre las medidas anunciadas se encuentran:
creación de un calendario único de requerimientos
fortalecimiento de Comunidad Escolar como ventanilla única digital
simplificación del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE)
simplificación del proceso de reconocimiento oficial
elaboración de un inventario actualizado de obligaciones normativas
reglamentos internos más simples
fiscalizaciones con mayor énfasis en orientación y prevención
reducción de circulares y simplificación de procesos
simplificación de las rendiciones y mayor flexibilidad en el uso de recursos SEP
Este último punto puede resultar especialmente relevante para los sostenedores, considerando las distintas obligaciones que actualmente existen respecto de la planificación, utilización, acreditación y rendición de los recursos educacionales.
Por ello, cualquier modificación futura deberá analizarse según la forma concreta en que sea implementada y las obligaciones que finalmente establezca la normativa.
Revisión de decretos educacionales
La hoja de ruta también contempla la revisión de cinco decretos considerados clave.
De acuerdo con lo informado, estos se relacionan con materias como reconocimiento oficial, normas de evaluación, calificación y promoción escolar, además de estudiantes con necesidades educativas especiales, subvenciones y adecuaciones curriculares.
Esta revisión podría tener consecuencias prácticas importantes para los establecimientos.
Sin embargo, la revisión de un decreto no significa que sus disposiciones dejen automáticamente de estar vigentes. Mientras no se materialicen las modificaciones correspondientes, los sostenedores y establecimientos deben continuar actuando conforme al marco normativo actualmente aplicable.
2. Fortalecer el liderazgo de los directores
El segundo eje de la propuesta busca responder a los desafíos que enfrentan los equipos directivos y fortalecer su capacidad de gestión.
Entre las medidas anunciadas se encuentran la creación de un estatuto de atribuciones directivas, reconocimiento económico asociado a la experiencia, formación continua en liderazgo, mentorías para nuevos directores y redes territoriales de apoyo.
También se contemplan ajustes a los convenios de Alta Dirección Pública, buscando adecuarlos de mejor manera a la realidad particular de cada establecimiento.
El objetivo planteado por el Ministerio es que una reducción de las tareas administrativas permita que los equipos directivos concentren una mayor parte de su tiempo en el liderazgo de sus comunidades educativas.
3. Las familias como primeros educadores
El tercer eje se relaciona con otra de las dificultades identificadas por los directores: el involucramiento de las familias en los procesos educativos.
La hoja de ruta propone avanzar en acuerdos de corresponsabilidad vinculados al proyecto educativo, entregar materiales que puedan ser utilizados directamente por los establecimientos y proporcionar herramientas para apoyar a las familias en ámbitos como aprendizaje, convivencia, bienestar y uso de tecnologías.
Este eje también se vincula con el proyecto de ley que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), entre cuyos elementos se considera la adhesión de las familias al Proyecto Educativo Institucional.
¿Estas 19 medidas ya están vigentes?
No. Este es probablemente el aspecto más importante que deben considerar actualmente los sostenedores.
Lo anunciado corresponde a una hoja de ruta del Ministerio de Educación. Según la información conocida hasta ahora, el propio Mineduc todavía se encuentra evaluando los mecanismos jurídicos y administrativos mediante los cuales se implementará cada una de las medidas.
Dependiendo de la materia, esto podría traducirse en modificaciones o derogaciones de decretos, nuevas circulares u otros instrumentos normativos.
Además, el Ministerio no descarta que algunas de estas modificaciones requieran la presentación y posterior tramitación de nuevos proyectos de ley.
Por lo tanto, la existencia de esta agenda no autoriza actualmente a dejar de cumplir una obligación, modificar procedimientos internos o aplicar anticipadamente las flexibilidades anunciadas.
¿Qué deben hacer los sostenedores frente a esta hoja de ruta?
La agenda anunciada podría representar modificaciones relevantes para la gestión de los establecimientos educacionales, particularmente si finalmente se concretan cambios en materias como rendición de recursos, SEP, reglamentos internos, reconocimiento oficial, fiscalización, evaluación y atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.
Pero sus efectos jurídicos dependerán de qué medidas efectivamente se implementen, mediante qué instrumento y desde cuándo comiencen a regir.
Por ello, durante los próximos meses será importante distinguir entre anuncios, propuestas y obligaciones efectivamente vigentes.
Para los sostenedores, anticiparse no significa aplicar cambios antes de tiempo, sino mantener un seguimiento de las modificaciones normativas y preparar oportunamente sus procesos internos cuando estas sean formalizadas.
Una agenda que habrá que seguir de cerca
La reducción de la carga administrativa puede significar un cambio relevante en la forma en que los establecimientos se relacionan con el Ministerio de Educación y otros organismos del sistema.
La pregunta que queda abierta es si las 19 medidas anunciadas conseguirán efectivamente disminuir la burocracia que enfrentan diariamente los establecimientos y cuánto de esta hoja de ruta requerirá modificaciones normativas de mayor profundidad.
Sostenedor: frente a un escenario de posibles cambios regulatorios, mantenerse informado será fundamental para distinguir qué obligaciones continúan vigentes, cuáles se modifican y desde cuándo deben implementarse.
En Sostiene realizaremos seguimiento a esta hoja de ruta y a las modificaciones normativas que puedan derivarse de ella, para orientar a sostenedores en su correcta aplicación.
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