En el desafiante escenario de la convivencia escolar, una de las preguntas más complejas para los equipos directivos y sostenedores es: ¿Es posible expulsar legalmente a un estudiante por acoso escolar? La respuesta es sí, pero con condiciones claras. La normativa chilena establece criterios estrictos para que una expulsión sea válida y, por sobre todo, respetuosa de los derechos del estudiante. En este artículo abordamos los fundamentos legales que respaldan este tipo de medidas, siempre que el establecimiento haya actuado conforme al debido proceso y a las normas vigentes.
Un caso reciente: Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 19648-2024
El 3 de julio de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió un recurso de protección interpuesto por los padres de un estudiante expulsado de un colegio particular ubicado en la comuna de Vitacura, Santiago de Chile.
El alumno había sido sancionado por una serie de hechos graves: porte de armas cortopunzantes, hostigamiento a compañeros, y la introducción de una pastilla de Gabapentina en el almuerzo de otro estudiante. Estos hechos fueron considerados como “faltas muy graves” conforme al Reglamento Interno del establecimiento.
Pese a que los padres del estudiante alegaron vulneración de derechos como el debido proceso y la igualdad ante la ley, la Corte rechazó el recurso, validando la actuación del colegio por haber seguido el procedimiento formal, entregado garantías de defensa, y actuado de acuerdo a la normativa interna y externa.
Normativa aplicable a la expulsión de estudiantes
La posibilidad de expulsar a un estudiante está regulada principalmente por las siguientes normativas:
1. Ley General de Educación (Ley N°20.370):
Esta ley consagra el derecho a una educación de calidad, en un ambiente libre de violencia. En su artículo 10, letra f), establece el derecho de los estudiantes a ser tratados con respeto y a un ambiente escolar seguro. Esto implica que los establecimientos tienen el deber de proteger a todos los integrantes de la comunidad educativa.
2. Decreto Exento N°87/2011 del MINEDUC (Normas mínimas sobre reglamentos internos):
Este decreto establece que todos los establecimientos deben contar con un Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), el cual debe:
- Establecer claramente las faltas leves, graves y muy graves.
- Definir las sanciones correspondientes.
- Garantizar el respeto del debido proceso, incluyendo la posibilidad de defensa y apelación.
- Este Reglamento debe ser socializado con toda la comunidad educativa y estar alineado con los principios de proporcionalidad, no discriminación y respeto de los derechos del niño.
3. Constitución Política de la República de Chile:
- Artículo 19 N°2: Igualdad ante la ley.
- Artículo 19 N°3: Derecho al debido proceso, aunque su aplicación mediante acción de protección es restringida según la jurisprudencia.
4. Ley N°21.545 (Ley TEA) y normativas sobre inclusión:
En casos en que el estudiante tenga necesidades educativas especiales, el establecimiento debe acreditar que las medidas adoptadas consideran su condición. Sin embargo, esto no significa impunidad ante hechos graves. Las medidas deben ser proporcionales y estar bien fundamentadas.
Claves para una expulsión válida
Para que una medida de expulsión sea legal y no sea revertida por los tribunales, deben cumplirse ciertos requisitos fundamentales:
1. Reglamento Interno actualizado y difundido:
El reglamento debe estar vigente, actualizado, y haber sido socializado al inicio del año escolar. Debe detallar las conductas sancionables, los tipos de faltas, y las sanciones correspondientes, además de las etapas del proceso disciplinario.
2. Debido proceso garantizado:
El estudiante debe conocer los hechos que se le imputan, tener posibilidad de presentar pruebas y ser escuchado. Debe existir una instancia de apelación interna, y se debe respetar la presunción de inocencia hasta que existan antecedentes suficientes.
3. Documentación rigurosa:
Cada paso del proceso debe quedar respaldado: citaciones, actas, entrevistas, cartas de compromiso, informes psicológicos o sociales, registros de testigos, entre otros.
En el caso fallado por la Corte de Santiago, el colegio presentó documentación clara de cada acción realizada antes de llegar a la expulsión, lo que fue clave para la validación judicial.
4. Medidas progresivas previas:
Antes de llegar a una medida tan drástica como la expulsión, deben constar intentos de intervención previos: reuniones con la familia, derivaciones al equipo de apoyo, orientaciones pedagógicas, cartas de compromiso, entre otros.
5. Aplicación proporcional y no discriminatoria:
Las sanciones deben aplicarse según la gravedad del hecho y no pueden ser discriminatorias. Si varios estudiantes participan en una conducta, deben evaluarse sus antecedentes y nivel de participación.
Jurisprudencia relevante
El caso del Rol N° 19648-2024 no es aislado. Existen otras sentencias en que los tribunales han respaldado a los establecimientos educacionales cuando se comprueba:
- Que los hechos fueron suficientemente graves.
- Que se respetó el procedimiento interno.
- Que la medida fue proporcional y documentada.
En cambio, cuando los colegios no cumplen con estos estándares, los tribunales tienden a revocar la expulsión o aplican medidas reparatorias.
Recomendaciones para sostenedores y equipos directivos
- Revisar anualmente el Reglamento Interno con asesores especializados.
- Capacitar a equipos de convivencia escolar y docentes en procedimientos disciplinarios.
- Documentar rigurosamente cada situación compleja.
- Asegurar que las familias conozcan el reglamento desde el inicio del año escolar.
- Contar con asesoría jurídica especializada, especialmente en casos de alta complejidad.
En resumen:
La expulsión de un estudiante es una medida excepcional y extrema, pero legalmente válida si se realiza conforme a la normativa vigente. Los establecimientos educacionales tienen el deber de proteger a toda su comunidad, y para ello deben contar con herramientas claras, reglamentos actualizados y asesoría especializada.
El caso analizado demuestra que, cuando se actúa con rigor técnico y jurídico, los establecimientos pueden enfrentar situaciones complejas con respaldo legal y sin vulnerar derechos fundamentales.
En SOSTIENE ofrecemos asesoría jurídica especializada en convivencia escolar, revisión de reglamentos y acompañamiento en procedimientos disciplinarios.
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