La aplicación de la causal de necesidades de la empresa puede generar importantes contingencias para un sostenedor cuando los hechos que justifican una desvinculación son posteriormente cuestionados ante los tribunales.
Recientemente, el equipo jurídico de Sostiene asumió la defensa de una fundación educacional que fue demandada por un exdocente, luego de poner término a su contrato de trabajo por necesidades de la empresa en el contexto de un proceso de reorganización institucional y pedagógica.
El trabajador, quien llevaba 15 años desempeñándose en el establecimiento, solicitaba que su despido fuera declarado injustificado y reclamaba el pago de aproximadamente $10,2 millones, además de reajustes, intereses y costas.
Finalmente, el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó íntegramente la demanda y determinó que la causal había sido correctamente aplicada.
¿Qué cuestionaba el trabajador?
El docente sostenía que la carta de despido era genérica y que la reestructuración invocada por la Fundación no constituía una justificación objetiva suficiente para poner término a su contrato de trabajo.
De acogerse la demanda, la Fundación se exponía al pago del recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicio, correspondiente a $8.968.281, además de la devolución de $1.196.566 asociados al aporte del empleador al seguro de cesantía.
Por lo tanto, uno de los principales desafíos de la defensa consistía en demostrar que la reorganización señalada para justificar la desvinculación no existía únicamente en el papel, sino que respondía a circunstancias concretas y verificables del establecimiento.
La importancia de acreditar los fundamentos del despido
La defensa desarrollada por Sostiene se concentró en acreditar ante el Tribunal la existencia de un proceso efectivo de reorganización institucional y pedagógica.
Para ello, la prueba documental y testimonial permitió respaldar distintos antecedentes que habían motivado las decisiones adoptadas por la Fundación.
Entre ellos se encontraban una trayectoria negativa en resultados SIMCE, la necesidad de modificar el modelo de gestión pedagógica, la reducción de matrícula, la reorganización de recursos y la desaparición de la unidad en la que se desempeñaba el trabajador.
Estos antecedentes permitieron acreditar que los hechos señalados en la carta de despido efectivamente habían ocurrido y que existía una reorganización implementada por la institución.
¿Qué resolvió el Tribunal?
El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió los argumentos de la Fundación y consideró que la reestructuración se encontraba suficientemente justificada.
En particular, el Tribunal consideró que los resultados académicos persistentemente negativos afectaban directamente la función educativa del establecimiento y habían hecho necesaria una reorganización institucional.
A partir de los antecedentes presentados durante el juicio, concluyó que la causal de necesidades de la empresa había sido correctamente aplicada.
El Tribunal también validó el descuento efectuado por concepto del aporte del empleador al seguro de cesantía.
Como resultado, la demanda por despido injustificado fue rechazada íntegramente, sin condena en costas para la Fundación.
¿Qué pueden considerar los sostenedores a partir de este caso?
Este caso evidencia la relevancia que adquiere la fundamentación y documentación de las decisiones laborales adoptadas por los sostenedores.
Invocar la existencia de una reestructuración no es lo mismo que estar en condiciones de acreditarla posteriormente.
Cuando una desvinculación es judicializada, los antecedentes que sustentan la decisión pueden transformarse en una parte relevante de la defensa del empleador. Por ello, resulta especialmente importante que los procesos de reorganización institucional cuenten con antecedentes verificables y que exista coherencia entre las razones comunicadas al trabajador y los hechos que posteriormente podrán ser acreditados ante un tribunal.
En este caso, la existencia de antecedentes objetivos y la prueba presentada durante el juicio permitieron demostrar que la reorganización invocada por la Fundación había ocurrido efectivamente y justificaba la decisión adoptada.
Asesoría laboral para sostenedores
Las decisiones laborales adoptadas por un establecimiento educacional pueden generar importantes consecuencias jurídicas y económicas cuando son cuestionadas ante los tribunales. Contar con antecedentes que respalden estas decisiones y con asesoría jurídica especializada resulta fundamental para enfrentar adecuadamente este tipo de procesos.
Sostenedor, si necesita asesoría jurídica en materias laborales o representación judicial para su establecimiento educacional, puede contactarnos completando el formulario disponible a continuación.
