Durante los últimos años, la Ley Aula Segura ha generado múltiples debates en las comunidades educativas.
Mientras algunos sostienen que se trata de una herramienta necesaria para proteger la convivencia escolar, otros consideran que, en la práctica, resulta muy difícil aplicarla. En redes sociales es frecuente leer comentarios como: “Aula Segura no sirve”, “es mejor no aplicarla” o “al final siempre gana el estudiante”.
Sin embargo, esa percepción no siempre refleja la realidad.
Más que una imposibilidad legal, muchas veces el problema radica en que el procedimiento disciplinario no se desarrolla conforme a las exigencias de la normativa.
La Ley Aula Segura no elimina el debido proceso
Uno de los errores más frecuentes consiste en creer que, frente a una agresión grave, basta con acreditar el hecho para aplicar una expulsión o una cancelación de matrícula.
No es así.
La Ley Aula Segura entrega herramientas a los establecimientos para enfrentar situaciones especialmente graves que afecten la convivencia escolar, pero exige que las decisiones disciplinarias respeten el debido proceso, los principios contenidos en el Reglamento Interno y la normativa educacional vigente.
En otras palabras, la gravedad de los hechos, por sí sola, no garantiza que una medida disciplinaria sea jurídicamente sostenible.
¿Qué aspectos debe cuidar un establecimiento?
Aunque cada caso presenta particularidades, existen elementos que suelen ser determinantes al momento de aplicar Aula Segura.
1. Investigar adecuadamente los hechos
Toda decisión debe sustentarse en antecedentes objetivos.
Declaraciones, registros, informes, cámaras de seguridad u otros medios de prueba permiten reconstruir los hechos y evitar decisiones apresuradas.
2. Diferenciar hechos acreditados de antecedentes no comprobados
Uno de los errores más comunes consiste en mezclar sospechas con hechos efectivamente acreditados.
Los informes disciplinarios deben distinguir claramente qué situaciones pudieron demostrarse y cuáles no, evitando fundamentar una sanción en simples presunciones.
3. Respetar el debido proceso
El estudiante y su familia deben contar con las garantías que contempla la normativa y el Reglamento Interno.
Esto implica desarrollar un procedimiento transparente, documentado y respetuoso de los derechos de todas las personas involucradas.
4. Fundamentar la proporcionalidad de la medida
No basta con afirmar que una conducta fue grave.
El establecimiento debe explicar por qué esa conducta afectó la convivencia escolar, cuáles fueron sus consecuencias y por qué la expulsión o cancelación de matrícula constituye una respuesta proporcional frente a los hechos acreditados.
Un caso que demuestra que sí es posible
Recientemente acompañamos a uno de nuestros clientes en la aplicación de un procedimiento de Aula Segura.
El caso involucraba una agresión física ocurrida al interior del establecimiento, con afectación relevante de la convivencia escolar.
Nuestro trabajo consistió en revisar los antecedentes, ordenar el procedimiento disciplinario, resguardar el debido proceso y colaborar en la elaboración de informes jurídicamente fundados.
Una vez aplicada la medida disciplinaria, el establecimiento informó el procedimiento a la Superintendencia de Educación, conforme a la normativa vigente.
Tras revisar los antecedentes, la autoridad concluyó que el procedimiento se ajustaba a la normativa educacional, cerrando el expediente.
Este caso demuestra que la aplicación de Aula Segura sí puede sostenerse cuando el procedimiento se desarrolla correctamente.
El verdadero desafío no es aplicar Aula Segura
Con frecuencia, el temor de los establecimientos no proviene de los hechos ocurridos, sino de las consecuencias que podría tener una eventual fiscalización.
Sin embargo, la experiencia demuestra que el problema no suele ser la existencia de la Ley Aula Segura.
El verdadero desafío consiste en construir procedimientos disciplinarios sólidos, técnicamente fundados y suficientemente documentados para resistir el control de legalidad que realiza la autoridad.
En Sostiene acompañamos a los establecimientos durante todo el procedimiento. Cada situación disciplinaria presenta desafíos distintos.
Por ello, nuestro equipo jurídico acompaña a sostenedores y equipos directivos en la revisión de antecedentes, la conducción del procedimiento, la elaboración de informes y la adopción de decisiones ajustadas a la normativa educacional vigente.
SOSTENEDOR: Si su establecimiento enfrenta una situación compleja y necesita orientación jurídica especializada antes de adoptar una medida disciplinaria, complete el formulario de contacto disponible a continuación. Nuestro equipo evaluará su caso y podrá asesorarle durante todo el procedimiento.
