La aprobación del proyecto de ley conocido como Escuelas Protegidas ha generado amplio debate en el ámbito educacional. La iniciativa busca fortalecer las herramientas disponibles para resguardar la seguridad, el orden y la convivencia en las comunidades educativas, incorporando nuevas facultades para los establecimientos y ajustes en materias de convivencia escolar, admisión y protección de funcionarios.
Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes para sostenedores y equipos directivos es que muchas de estas medidas no operarán automáticamente. En varios casos, será necesario adecuar los Reglamentos Internos y protocolos institucionales para poder aplicarlas correctamente.
A continuación, revisamos algunos de los principales cambios contemplados en el proyecto.
1. Revisión de mochilas y pertenencias de estudiantes
Uno de los cambios más comentados es la posibilidad de que los establecimientos incorporen procedimientos para la revisión de mochilas, bolsos y otras pertenencias de estudiantes.
No obstante, la medida contempla límites estrictos.
Las revisiones deberán estar reguladas en el Reglamento Interno, ser realizadas por personal autorizado, sin contacto físico y evitando cualquier exposición innecesaria del estudiante.
Asimismo, el proyecto prohíbe expresamente revisar el cuerpo de los estudiantes, exigir que se desnuden o inspeccionar prendas que estén utilizando.
En caso de negativa del estudiante, el establecimiento no podrá realizar la revisión por la fuerza. En cambio, deberá contactar al apoderado y mantener al estudiante acompañado en un espacio adecuado mientras se gestiona la situación.
Cuando existan estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad, necesidades educativas especiales o condiciones de neurodivergencia acreditadas, deberán aplicarse resguardos adicionales, incluyendo acompañamiento especializado, contención emocional y ajustes razonables.
2. Nuevas hipótesis de grave afectación a la convivencia escolar
El proyecto amplía las situaciones que podrían ser consideradas una grave afectación a la convivencia escolar.
Entre ellas se incluyen conductas destinadas a impedir el normal desarrollo de clases, interrumpir actividades académicas o afectar la continuidad del servicio educativo.
Sin embargo, la norma establece una distinción importante.
No toda interrupción de clases permitirá aplicar medidas disciplinarias graves. Quedan excluidas aquellas situaciones derivadas de crisis emocionales, condiciones de salud, discapacidad, neurodesarrollo u otras circunstancias involuntarias.
Por esta razón, los establecimientos deberán analizar cuidadosamente el origen de la conducta antes de adoptar decisiones disciplinarias.
3. Amenazas presenciales y digitales
Otro aspecto relevante es que las amenazas realizadas por cualquier integrante de la comunidad educativa podrían ser consideradas una grave afectación a la convivencia escolar.
Esto incluye amenazas realizadas de manera presencial, escrita o mediante medios digitales.
Si dichas conductas alteran sustancialmente el normal funcionamiento del establecimiento o generan interrupciones relevantes en la jornada escolar, podrían activar procedimientos disciplinarios conforme a la normativa vigente.
4. Restricción de ingreso para apoderados agresores
El proyecto también contempla medidas destinadas a proteger a funcionarios y estudiantes frente a situaciones de agresión.
Los Reglamentos Internos podrán incorporar procedimientos que permitan restringir el ingreso al establecimiento de padres, madres o apoderados que hayan incurrido en agresiones físicas, verbales o digitales.
No obstante, esta medida deberá respetar ciertas garantías mínimas, incluyendo un procedimiento formal, plazos definidos y el resguardo del derecho a la educación del estudiante involucrado.
La restricción de ingreso tampoco impedirá que el establecimiento ejerza otras acciones legales que pudieran corresponder.
5. Cambios en el Sistema de Admisión Escolar (SAE)
La iniciativa también incorpora modificaciones en materia de admisión escolar.
Cuando existan más postulantes que vacantes disponibles, podrá considerarse como criterio de admisión no haber sido sancionado previamente con expulsión o cancelación de matrícula por hechos que hayan afectado gravemente la convivencia escolar.
La forma en que esta disposición será implementada dentro del Sistema de Admisión Escolar será un aspecto relevante a observar una vez que la normativa entre en aplicación.
¿Qué deberían hacer los sostenedores?
Más allá del contenido específico del proyecto, existe una conclusión práctica que resulta especialmente relevante para los sostenedores.
Muchas de las nuevas herramientas contempladas por la iniciativa requerirán adecuaciones normativas internas.
Por ello, resulta recomendable revisar oportunamente:
Reglamentos Internos.
Protocolos de convivencia escolar.
Procedimientos disciplinarios.
Protocolos de actuación frente a amenazas y agresiones.
Mecanismos de registro y trazabilidad de actuaciones.
Contar con instrumentos actualizados no solo facilita la correcta implementación de la normativa, sino que también permite reducir riesgos de incumplimiento y eventuales observaciones por parte de los organismos fiscalizadores.
Una ley que entrega nuevas herramientas, pero también nuevas responsabilidades
El proyecto Escuelas Protegidas busca fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos frente a situaciones complejas de convivencia y seguridad escolar.
Sin embargo, su correcta aplicación dependerá en gran medida de la capacidad de cada establecimiento para adaptar sus instrumentos internos y actuar respetando principios fundamentales como el debido proceso, la proporcionalidad y el resguardo de derechos de estudiantes y familias.
Si usted es sostenedor y necesita orientación sobre el impacto de esta iniciativa en sus Reglamentos Internos o protocolos institucionales, puede contactar a nuestro equipo para recibir asesoría especializada en derecho educacional completando el formulario disponible a continuación.
