Uno de nuestros clientes logró evitar una baja injustificada en sus resultados SIMCE luego de que la Agencia de la Calidad de la Educación reconociera una aplicación irregular de la prueba y autorizara su repetición.
El caso se originó durante la aplicación del SIMCE de Historia, cuando la monitora a cargo no respetó el tiempo mínimo reglamentario de 45 minutos, permitiendo que los estudiantes comenzaran a retirarse a los 20 minutos de iniciada la evaluación. Esta situación generó un riesgo real de afectación a los indicadores del establecimiento, pese a no ser imputable a su gestión.
Irregularidades en la aplicación de la prueba
Según los antecedentes, la aplicación vulneró normas esenciales que rigen este tipo de evaluaciones estandarizadas, entre ellas:
El Protocolo de Aplicación del SIMCE de la Agencia de la Calidad, que exige respetar el tiempo mínimo de rendición, la lectura íntegra de las instrucciones y el registro fidedigno de los horarios.
El D.F.L. N° 7, que regula la evaluación del sistema educacional y obliga al Estado a garantizar condiciones adecuadas y estandarizadas para la rendición de estas pruebas.
El principio de validez técnica, que se ve comprometido cuando una evaluación no se aplica conforme a las reglas oficiales.
Gestión jurídica ante la Agencia de la Calidad
Inicialmente, la respuesta de la Agencia fue que el establecimiento debía “esperar los resultados”. Sin embargo, el perjuicio potencial ya se encontraba configurado.
Ante esta situación, desde Sostiene realizamos gestiones jurídicas ante la Agencia preparando un oficio formal, solicitando audiencia por Ley del Lobby y exponiendo técnicamente las razones jurídicas y normativas que justificaban la repetición de la prueba.
Como resultado de esta gestión, en menos de 48 horas la Agencia de la Calidad autorizó una nueva aplicación del SIMCE de Historia, evitando que el colegio viera afectados sus indicadores por un error ajeno a su responsabilidad.
Importancia del caso para los establecimientos
Este caso pone de relieve la relevancia de que los sostenedores y equipos directivos conozcan y exijan el cumplimiento estricto de los protocolos de aplicación de evaluaciones estandarizadas, así como la importancia de actuar oportunamente cuando se detectan irregularidades.
Asimismo, evidencia que una gestión jurídica adecuada puede marcar la diferencia entre asumir un perjuicio injustificado o resguardar correctamente los intereses del establecimiento.
Desde Sostiene acompañamos durante todo el año a sostenedores y equipos de gestión en materias jurídicas y normativas vinculadas al sistema educacional.
Si desea conocer más sobre nuestros servicios, puede agendar una reunión completando el formulario que encontrará a continuación.
