En el sistema educativo chileno existe una tensión permanente: ¿hasta dónde llega la autonomía de los colegios para decidir sus normas de convivencia y medidas disciplinarias? ¿Y en qué punto esa autonomía debe ceder frente a los derechos fundamentales de los estudiantes?
Este dilema no es meramente teórico. Durante julio de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió un recurso de protección interpuesto por los padres de un estudiante expulsado. El caso es especialmente relevante porque clarifica cómo se equilibran los derechos constitucionales de los alumnos con las facultades normativas de los establecimientos educacionales.
La sentencia reafirma un criterio clave: los colegios gozan de autonomía para fijar y aplicar su reglamento interno, pero esa facultad nunca es absoluta. Su límite está en el respeto al debido proceso, la proporcionalidad y las leyes que regulan la vida escolar.
Autonomía escolar: concepto y fundamento legal
La Ley General de Educación (Ley N° 20.370) consagra expresamente la autonomía de los establecimientos educacionales. Esto significa que cada colegio tiene el derecho de definir su proyecto educativo, organizar su vida interna y fijar las normas que rigen la convivencia escolar.
En otras palabras, los colegios no son simples ejecutores de instrucciones ministeriales, sino comunidades con capacidad de autorregulación. Esta autonomía se materializa en tres grandes áreas:
Proyecto educativo: visión, misión y lineamientos pedagógicos.
Reglamento interno: normas de convivencia, medidas disciplinarias, protocolos de actuación.
Gestión institucional: administración de recursos, contratación de personal y organización interna.
No obstante, esta autonomía está condicionada a un principio fundamental: respetar siempre los derechos de los estudiantes y las normas vigentes. La propia Constitución, en su Artículo 19, reconoce tanto la libertad de enseñanza como el derecho a la educación. Ambos deben convivir en equilibrio.
El caso resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 19648-2024)
El conflicto se originó cuando un colegio de la Región Metropolitana expulsó a un estudiante tras agredir físicamente a un compañero. Los padres del alumno interpusieron un recurso de protección, alegando que la medida vulneraba:
El derecho a la educación (Art. 19 N° 10 de la Constitución).
La igualdad ante la ley (Art. 19 N° 2).
El debido proceso (Art. 19 N° 3).
El argumento central de la familia era que la expulsión resultaba desproporcionada y que el colegio no había considerado pruebas que podrían exculpar al alumno. Además, sostenían que no se había respetado el principio de transparencia ni se habían tomado en cuenta las necesidades educativas especiales del menor.
Por su parte, el colegio defendió su decisión, señalando que actuó conforme a su reglamento interno, que existía un historial de conductas previas y que el estudiante incluso había admitido participación en actos de bullying.
Tres fundamentos de la Corte para rechazar el recurso
La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que la medida adoptada por el colegio no era ilegal ni arbitraria. Para llegar a esa decisión, destacó tres puntos esenciales:
1. Proporcionalidad y gradualidad
El colegio no aplicó la sanción de manera inmediata. Antes de la expulsión, utilizó mecanismos previos como advertencias y condicionalidad de matrícula. Solo ante la reiteración de faltas graves se optó por la medida más severa.
Este criterio refleja la exigencia de gradualidad en la aplicación de sanciones, un principio que también ha sido recogido por la Superintendencia de Educación en diversos dictámenes.
2. Respeto al debido proceso
El tribunal verificó que se cumplió con las garantías básicas:
Se informó a la familia de los hechos.
Se otorgó la posibilidad de presentar descargos.
Se resolvió conforme a las reglas del reglamento interno.
De esta manera, se respetó el estándar mínimo de defensa previsto en el Art. 19 N° 3 de la Constitución.
3. Maltrato escolar como falta grave
La Corte consideró que la agresión constituía maltrato escolar, calificado como “grave” en el propio reglamento del colegio y en la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar.
Dicha ley obliga a los establecimientos a prevenir y sancionar conductas que afecten la integridad física y psicológica de los estudiantes. No se trata, entonces, de una facultad discrecional, sino de un deber jurídico de protección.
El derecho a la educación: un derecho condicionado
Un aspecto clave del fallo es la aclaración respecto del alcance del derecho a la educación. Si bien este derecho garantiza acceso y permanencia, no es absoluto. Su ejercicio está condicionado al cumplimiento de deberes de convivencia.
Cuando un estudiante vulnera la seguridad de otros, el colegio debe ponderar el derecho individual del alumno frente al derecho colectivo de la comunidad escolar a desarrollarse en un entorno libre de violencia.
Así, la Corte reafirma que la educación implica tanto derechos como deberes. El estudiante no solo tiene derecho a aprender, sino también la obligación de respetar a sus compañeros, profesores y normas institucionales.
Límites de la autonomía escolar: marco general
El caso permite delinear cuáles son los límites que restringen la autonomía de los colegios en Chile:
La Constitución Política: el respeto a los derechos fundamentales de los estudiantes.
La Ley General de Educación (N° 20.370): marco que reconoce autonomía, pero exige su ejercicio dentro de la legalidad.
La Ley sobre Violencia Escolar (N° 20.536): que obliga a prevenir y sancionar conductas de acoso y agresión.
Superintendencia de Educación: a través de dictámenes y fiscalizaciones, garantiza que los colegios no incurran en discriminación ni arbitrariedades.
Principios de debido proceso y proporcionalidad: aplicables a toda medida disciplinaria.
En resumen: los colegios pueden definir sus normas, pero estas deben ser compatibles con los derechos de los estudiantes y con la normativa nacional e internacional ratificada por Chile.
Casos recientes que refuerzan la jurisprudencia
El fallo de julio de 2025 no es aislado. Existen otros antecedentes que muestran la misma línea interpretativa:
Corte Suprema, Rol N° 398-2025: reconoció la validez de la autonomía escolar al resolver un recurso interpuesto por el CDE en favor del Ministerio de Educación.
Dictámenes de la Superintendencia de Educación: han establecido criterios de uso proporcional de sanciones y de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.
Estos casos evidencian que la autonomía escolar no es ilimitada, sino que se encuentra permanentemente supervisada por tribunales y organismos administrativos.
Implicancias para sostenedores y directivos
Para los sostenedores y equipos directivos, este fallo entrega aprendizajes prácticos:
Actualizar el reglamento interno para que contemple medidas graduales, proporcionales y ajustadas a la ley.
Asegurar procesos transparentes, con notificación a las familias, espacios de descargos y registro documental de cada actuación.
Formar a los equipos de convivencia escolar en normativa vigente, especialmente en la Ley de Violencia Escolar.
Evaluar antecedentes previos y necesidades especiales antes de aplicar medidas disciplinarias.
En definitiva, la autonomía se debe ejercer con responsabilidad jurídica. Un error en el procedimiento puede derivar en sanciones de la Superintendencia o incluso en fallos adversos en tribunales.
Conclusiones
La autonomía de los colegios es una pieza central del sistema educativo chileno, pero no es un poder sin límites. Su frontera está marcada por la Constitución, las leyes y los principios de proporcionalidad y debido proceso.
El caso resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2025 marca un precedente importante:
Confirma que los colegios pueden expulsar a estudiantes cuando existen faltas graves debidamente acreditadas.
Reafirma que el derecho a la educación no ampara conductas que atenten contra la seguridad de otros.
Subraya que la autonomía escolar siempre debe ejercerse dentro del marco normativo y respetando los derechos fundamentales.
Para sostenedores y directivos, la lección es clara: autonomía sí, pero con responsabilidad y respeto a la legalidad vigente.
Preguntas frecuentes:
¿Puede un colegio expulsar a un estudiante por agredir a un compañero?
Sí, siempre que la falta esté tipificada en el reglamento interno y se respeten el debido proceso y la proporcionalidad de la sanción.
¿El derecho a la educación impide que un estudiante sea expulsado?
No. El derecho a la educación no es absoluto. Está condicionado al cumplimiento de deberes de convivencia y puede limitarse cuando se afecta la seguridad de otros estudiantes.
¿Qué pasa si un colegio no respeta el debido proceso en una expulsión?
El acto puede ser declarado arbitrario por los tribunales o sancionado por la Superintendencia de Educación, obligando al colegio a reincorporar al estudiante.
¿Qué rol cumple la Superintendencia de Educación?
Fiscaliza que los establecimientos respeten la normativa educacional, dictando lineamientos y sancionando en caso de vulneraciones.
¿Cómo pueden los sostenedores evitar problemas legales?
Asegurando reglamentos claros, procesos transparentes, documentación completa y capacitación permanente de sus equipos en normativa escolar.
En Sostiene, acompañamos a los sostenedores con asesoría jurídica especializada para que ejerzan su autonomía de manera segura y responsable, siempre dentro del marco legal vigente.
Escríbanos a contacto@sostiene.cl o agende una reunión completando el formulario que encontrará a continuación.
